martes, 31 de agosto de 2010
martes, 17 de agosto de 2010
UCA - ¿y si estudias teología?
¿Y si estudiás teología?
Copiado de: http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/universidad/facultades/buenos-aires/teologia/ingresantes/
La Facultad de Teología de la UCA te ofrece cursar un profesorado universitario en 4 años; título que te posibilita:
* Dar clases en todos los niveles de enseñanza
* Convertirte en agente evangelizador
* Ser directivo de instituciones de enseñanza
* Coordinar gupos de trabajo
Si querés también podés elegir las materias de tu interés y cursarlas como alumno extraordinario.
La FACULTAD DE TEOLOGÍA quiere contribuir a la formación teológica, espiritual y pastoral de los distintos miembros del Pueblo de Dios, ayudando a profundizar y asumir las líneas de comunión evangelizadora en nuestro país y de comunión misionera en América Latina. Por eso te invita a realizar cursos de extensión
¿Sabés que es la teología?
No es simplemente el estudio de la “Religión” (estudiar el Catecismo, por ejemplo). Es algo más. Se trata de un estudio científico de los contenidos de la fe. Partiendo de la Verdad revelada en la Palabra de Dios, busca una profunda comprensión de sus contenidos e intenta reconocer la armonía de ese precioso conjunto. Al mismo tiempo, dialogando con la filosofía, las ciencias y las artes, busca presentar las verdades de fe de manera que puedan ser mejor comprendidas y valoradas en la cultura actual.
Tiene dos grandes partes: la teología positiva y la teología sistemática.
La teología positiva es el punto de partida porque recoge los datos de la Palabra de Dios. Para ello realiza un estudio científico de la Biblia, con la ayuda de la arqueología, la literatura, la historia antigua, etc. Igualmente, recoge la enseñanza de la Tradición, especialmente la de los grandes padres y doctores de la Iglesia (San Agustín, Santo Tomás, etc.). Al mismo tiempo, acoge la orientación segura del Magisterio de la Iglesia, con una adecuada interpretación.
La teología sistemática reflexiona sobre temas como Dios, Jesucristo, María, la vida eterna, el ser humano, etc. En diálogo con la cultura, utiliza particularmente los recursos de la filosofía.
Así, reflexiona de manera ordenada, trata de alcanzar una comprensión profunda de las distintas cuestiones, y ayuda a comunicar las verdades de fe de manera comprensible. De esta manera abre camino a una espiritualidad sólida y a una actividad apostólica bien fundada.
Entre sus grandes temas o disciplinas mencionemos sólo algunos ejemplos:
La teología moral se ocupa del estilo de vida del cristiano, para orientar las decisiones sobre cuestiones morales por el camino del Evangelio. Para ello dialoga con la psicología, las ciencias sociales, etc.
La historia de la Iglesia propone una visión de fe sobre los acontecimientos históricos, procurando cuidar la objetividad y el rigor científico.
La teología fundamental presenta los fundamentos que muestran que la fe y la confianza en la Palabra de Dios no son algo irracional, sino más bien razonable, también en el mundo actual.
¿Cómo hacer para estudiar Teología?
En nuestra Facultad de Teología se puede cursar un profesorado en Teología, de cuatro años.
Luego, con dos años más, se obtiene una licenciatura en Teología.
Posteriormente, se puede cursar una licenciatura especializada (en Biblia, o moral, o pastoral, etc.).
Finalmente, se puede alcanzar el título de doctor en Teología.
Pero quienes no puedan cursar una carrera, tienen la posibilidad de inscribirse sólo en algunas materias que les interesen.
Además, todos los años la Facultad ofrece algunos cursos breves, abiertos al público en general. más información..>>
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La Facultad de Teología de la UCA te ofrece cursar un profesorado universitario en 4 años; título que te posibilita:
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* Convertirte en agente evangelizador
* Ser directivo de instituciones de enseñanza
* Coordinar gupos de trabajo
Si querés también podés elegir las materias de tu interés y cursarlas como alumno extraordinario.
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¿Sabés que es la teología?
No es simplemente el estudio de la “Religión” (estudiar el Catecismo, por ejemplo). Es algo más. Se trata de un estudio científico de los contenidos de la fe. Partiendo de la Verdad revelada en la Palabra de Dios, busca una profunda comprensión de sus contenidos e intenta reconocer la armonía de ese precioso conjunto. Al mismo tiempo, dialogando con la filosofía, las ciencias y las artes, busca presentar las verdades de fe de manera que puedan ser mejor comprendidas y valoradas en la cultura actual.
Tiene dos grandes partes: la teología positiva y la teología sistemática.
La teología positiva es el punto de partida porque recoge los datos de la Palabra de Dios. Para ello realiza un estudio científico de la Biblia, con la ayuda de la arqueología, la literatura, la historia antigua, etc. Igualmente, recoge la enseñanza de la Tradición, especialmente la de los grandes padres y doctores de la Iglesia (San Agustín, Santo Tomás, etc.). Al mismo tiempo, acoge la orientación segura del Magisterio de la Iglesia, con una adecuada interpretación.
La teología sistemática reflexiona sobre temas como Dios, Jesucristo, María, la vida eterna, el ser humano, etc. En diálogo con la cultura, utiliza particularmente los recursos de la filosofía.
Así, reflexiona de manera ordenada, trata de alcanzar una comprensión profunda de las distintas cuestiones, y ayuda a comunicar las verdades de fe de manera comprensible. De esta manera abre camino a una espiritualidad sólida y a una actividad apostólica bien fundada.
Entre sus grandes temas o disciplinas mencionemos sólo algunos ejemplos:
La teología moral se ocupa del estilo de vida del cristiano, para orientar las decisiones sobre cuestiones morales por el camino del Evangelio. Para ello dialoga con la psicología, las ciencias sociales, etc.
La historia de la Iglesia propone una visión de fe sobre los acontecimientos históricos, procurando cuidar la objetividad y el rigor científico.
La teología fundamental presenta los fundamentos que muestran que la fe y la confianza en la Palabra de Dios no son algo irracional, sino más bien razonable, también en el mundo actual.
¿Cómo hacer para estudiar Teología?
En nuestra Facultad de Teología se puede cursar un profesorado en Teología, de cuatro años.
Luego, con dos años más, se obtiene una licenciatura en Teología.
Posteriormente, se puede cursar una licenciatura especializada (en Biblia, o moral, o pastoral, etc.).
Finalmente, se puede alcanzar el título de doctor en Teología.
Pero quienes no puedan cursar una carrera, tienen la posibilidad de inscribirse sólo en algunas materias que les interesen.
Además, todos los años la Facultad ofrece algunos cursos breves, abiertos al público en general. más información..>>
viernes, 13 de agosto de 2010
ESCANDALOSO ARRESTO DEL PADRE NORMAN WESLIN. SU DELITO: DEFENDER LA VIDA
ESCANDALOSO ARRESTO DEL PADRE NORMAN WESLIN. SU DELITO: DEFENDER LA VIDAFuente: argentinosalertas.org
El sábado 16 de mayo Barack Obama asistió a la ceremonia de graduación de la universidad Católica Notre Dame para ser investido honoris causa en leyes y pronunciar un discurso.
Militantes anti-aborto esperaban al máximo mandatario con carteles provida. Entre el viernes y el sábado la policía detuvo a 40 personas en el recinto de la universidad que se manifestaban en contra de las políticas antivida de Obama.
Entre los detenido se encuentra el reverendo Norman Weslin, fundador del grupo antiabortista 'Corderos de Cristo', que fue llevado a comisaría por defender el derecho a la vida.
Si hacemos memoria recordaremos que el Padre Weslin ya fue detenido y sentenciado a 5 años de prisión (en octubre de 2001).El juez federal Richard Aracara lo sentenció por violación "criminal" en una corte de Buffalo. Su delito: arrodillarse en silente oración, vestido con su traje religioso, dentro del área “libre de manifestación y expresión religiosa” establecida por el juez Acara en los alrededores de un abortuario local.
El Padre Weslin (hoy tiene 80 años) es un teniente coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos. Aunque en 2001 el Padre Weslin fue convicto y sentenciado, los policías en la corte se negaron a llevar al sacerdote bajo custodia.
El Padre Norman Weslin fue ordenado sacerdote a la edad de 61 años. Se retiró del ejército después de 20 años en servicio militar activo, entre sus misiones estuvo a cargo de la defensa nuclear del estado de Nueva York, Chicago y Corea del Sur.
Estuvo casado y adoptó dos hijos. Con su esposa, comenzó varias iniciativas pro-vida como Birthrights, centros de apoyo a mujeres embarazadas y comités de acción política a favor de los no nacidos. En 1980, su esposa murió en un accidente automovilístico y a raíz de eso convirtió su casa en un hogar para madres solteras embarazadas que atendió a 238 mujeres.
A continuación el el video donde muestra su ejemplar actitud frente a este atropello:
Militantes anti-aborto esperaban al máximo mandatario con carteles provida. Entre el viernes y el sábado la policía detuvo a 40 personas en el recinto de la universidad que se manifestaban en contra de las políticas antivida de Obama.
Entre los detenido se encuentra el reverendo Norman Weslin, fundador del grupo antiabortista 'Corderos de Cristo', que fue llevado a comisaría por defender el derecho a la vida.
Si hacemos memoria recordaremos que el Padre Weslin ya fue detenido y sentenciado a 5 años de prisión (en octubre de 2001).El juez federal Richard Aracara lo sentenció por violación "criminal" en una corte de Buffalo. Su delito: arrodillarse en silente oración, vestido con su traje religioso, dentro del área “libre de manifestación y expresión religiosa” establecida por el juez Acara en los alrededores de un abortuario local.
El Padre Weslin (hoy tiene 80 años) es un teniente coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos. Aunque en 2001 el Padre Weslin fue convicto y sentenciado, los policías en la corte se negaron a llevar al sacerdote bajo custodia.
El Padre Norman Weslin fue ordenado sacerdote a la edad de 61 años. Se retiró del ejército después de 20 años en servicio militar activo, entre sus misiones estuvo a cargo de la defensa nuclear del estado de Nueva York, Chicago y Corea del Sur.
Estuvo casado y adoptó dos hijos. Con su esposa, comenzó varias iniciativas pro-vida como Birthrights, centros de apoyo a mujeres embarazadas y comités de acción política a favor de los no nacidos. En 1980, su esposa murió en un accidente automovilístico y a raíz de eso convirtió su casa en un hogar para madres solteras embarazadas que atendió a 238 mujeres.
A continuación el el video donde muestra su ejemplar actitud frente a este atropello:
miércoles, 4 de agosto de 2010
Ordenación de las relaciones políticas
ssd. Juan XXIII (beato) en "Pacem in terris"Traducción: vatican
II. ORDENACIÓN DE LAS RELACIONES POLÍTICAS
La autoridad
Es necesaria
46. Una sociedad bien ordenada y fecunda requiere gobernantes, investidos de legítima autoridad, que defiendan las instituciones y consagren, en la medida suficiente, su actividad y sus desvelos al provecho común del país. Toda la autoridad que los gobernantes poseen proviene de Dios, según enseña San Pablo: Porque no hay autoridad que no venga de Dios [28]. Enseñanza del Apóstol que San Juan Crisóstomo desarrolla en estos términos: ¿Qué dices? ¿Acaso todo gobernante ha sido establecido por Dios? No digo esto -añade-, no hablo de cada uno de los que mandan, sino de la autoridad misma. Porque el que existan las autoridades, y haya gobernantes y súbditos, y todo suceda sin obedecer a un azar completamente fortuito, digo que es obra de la divina sabiduría[29].En efecto, como Dios ha creado a los hombres sociales por naturaleza y ninguna sociedad puede conservarse sin un jefe supremo que mueva a todos y a cada uno con un mismo impulso eficaz, encaminado al bien común, resulta necesaria en toda sociedad humana una autoridad que la dirija; autoridad que, como la misma sociedad, surge y deriva de la naturaleza, y, por tanto, del mismo Dios, que es su autor[30].
Debe estar sometida al orden moral
47. La autoridad, sin embargo, no puede considerarse exenta de sometimiento a otra superior. Más aún, la autoridad consiste en la facultad de mandar según la recta razón. Por ello, se sigue evidentemente que su fuerza obligatoria procede del orden moral, que tiene a Dios como primer principio y último fin. Por eso advierte nuestro predecesor, de feliz memoria, Pío XII: El mismo orden absoluto de los seres y de los fines, que muestra al hombre como persona autónoma, es decir, como sujeto de derechos y de deberes inviolables, raíz y término de su propia vida social, abarca también al Estado como sociedad necesaria, revestida de autoridad, sin la cual no podría ni existir ni vivir... Y como ese orden absoluto, a la luz de la sana razón, y más particularmente a la luz de la fe cristiana, no puede tener otro origen que un Dios personal, Creador nuestro, síguese que... la dignidad de la autoridad política es la dignidad de su participación en la autoridad de Dios[31].
Sólo así obliga en conciencia
48. Por este motivo, el derecho de mandar que se funda exclusiva o principalmente en la amenaza o el temor de las penas o en la promesa de premios, no tiene eficacia alguna para mover al hombre a laborar por el bien común, y, aun cuando tal vez tuviera esa eficacia, no se ajustaría en absoluto a la dignidad del hombre, que es un ser racional y libre. La autoridad no es, en su contenido sustancial, una fuerza física; por ello tienen que apelar los gobernantes a la conciencia del ciudadano, esto es, al deber que sobre cada uno pesa de prestar su pronta colaboración al bien común. Pero como todos los hombres son entre sí iguales en dignidad natural, ninguno de ellos, en consecuencia, puede obligar a los demás a tomar una decisión en la intimidad de su conciencia. Es éste un poder exclusivo de Dios, por ser el único que ve y juzga los secretos más ocultos del corazón humano.
49. Los gobernantes, por tanto, sólo pueden obligar en conciencia al ciudadano cuando su autoridad está unida a la de Dios y constituye una participación de la misma[32].
Y se salva la dignidad del ciudadano
50. Sentado este principio, se salva la dignidad del ciudadano, ya que su obediencia a las autoridades públicas no es, en modo alguno, sometimiento de hombrea hombre, sino, en realidad, un acto de culto a Dios, creador solícito de todo, quien ha ordenado que las relaciones de la convivencia humana se regulen por el orden que El mismo ha establecido; por otra parte, al rendir a Dios la debida reverencia, el hombre no se humilla, sino más bien se eleva y ennoblece, ya que servir a Dios es reinar[33].
La ley debe respetar el ordenamiento divino
51. El derecho de mandar constituye una exigencia del orden espiritual y dimana de Dios. Por ello, si los gobernantes promulgan una ley o dictan una disposición cualquiera contraria a ese orden espiritual y, por consiguiente, opuesta a la voluntad de Dios, en tal caso ni la ley promulgada ni la disposición dictada pueden obligar en conciencia al ciudadano, ya que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres[34]); más aún, en semejante situación, la propia autoridad se desmorona por completo y se origina una iniquidad espantosa. Así lo enseña Santo Tomás: En cuanto a lo segundo, la ley humana tiene razón de ley sólo en cuanto se ajusta a la recta razón. Y así considerada, es manifiesto que procede de la ley eterna. Pero, en cuanto se aparta de la recta razón, es una ley injusta, y así no tiene carácter de ley, sino más bien de violencia [35].
Autoridad y democracia
52. Ahora bien, del hecho de que la autoridad proviene de Dios no debe en modo alguno deducirse que los hombres no tengan derecho a elegir los gobernantes de la nación, establecer la forma de gobierno y determinar los procedimientos y los límites en el ejercicio de la autoridad. De aquí que la doctrina que acabamos de exponer pueda conciliarse con cualquier clase de régimen auténticamente democrático[36].
El bien común
Obliga al ciudadano
53. Todos los individuos y grupos intermedios tienen el deber de prestar su colaboración personal al bien común. De donde se sigue la conclusión fundamental de que todos ellos han de acomodar sus intereses a las necesidades de los demás, y la de que deben enderezar sus prestaciones en bienes o servicios al fin que los gobernantes han establecido, según normas de justicia y respetando los procedimientos y límites fijados para el gobierno. Los gobernantes, por tanto, deben dictar aquellas disposiciones que, además de su perfección formal jurídica, se ordenen por entero al bien de la comunidad o puedan conducir a él.
Obliga también al gobernante
54. La razón de ser de cuantos gobiernan radica por completo en el bien común. De donde se deduce claramente que todo gobernante debe buscarlo, respetando la naturaleza del propio bien común y ajustando al mismo tiempo sus normas jurídicas a la situación real de las circunstancias[37]
Está ligado a la naturaleza humana
55. Sin duda han de considerarse elementos intrínsecos del bien común las propiedades características de cada nación[38]; pero estas propiedades no definen en absoluto de manera completa el bien común. El bien común, en efecto, está íntimamente ligado a la naturaleza humana. Por ello no se puede mantener su total integridad más que en el supuesto de que, atendiendo a la íntima naturaleza y efectividad del mismo, se tenga siempre en cuenta el concepto de la persona humana[39].
Debe redundar en provecho de todos
56. Añádase a esto que todos los miembros de la comunidad deben participar en el bien común por razón de su propia naturaleza, aunque en grados diversos, según las categorías, méritos y condiciones de cada ciudadano. Por este motivo, los gobernantes han de orientar sus esfuerzos a que el bien común redunde en provecho de todos, sin preferencia alguna por persona o grupo social determinado, como lo establece ya nuestro predecesor, de inmortal memoria, León XIII: No se puede permitir en modo alguno que la autoridad civil sirva el interés de uno o de pocos, porque está constituida para el bien común de todos[40]. Sin embargo, razones de justicia y de equidad pueden exigir, a veces, que los hombres de gobierno tengan especial cuidado de los ciudadanos más débiles, que puedan hallarse en condiciones de inferioridad, para defender sus propios derechos y asegurar sus legítimos intereses[41].
Abarca a todo el hombre
57. Hemos de hacer aquí una advertencia a nuestros hijos: el bien común abarca a todo el hombre, es decir, tanto las exigencias del cuerpo como las del espíritu. De lo cual se sigue que los gobernantes deben procurar dicho bien por las vías adecuadas y escalonadamente, de tal forma que, respetando el recto orden de los valores, ofrezcan al ciudadano la prosperidad material y al mismo tiempo los bienes del espíritu[42].
58. Todos estos principios están recogidos con exacta precisión en un pasaje de nuestra encíclica Mater et magistra, donde establecimos que el bien común abarca todo un conjunto de condiciones sociales que permitan a los ciudadanos e1 desarrollo expedito y pleno de su propia perfección [43].
59. E1 hombre, por tener un cuerpo y un alma inmortal, no puede satisfacer sus necesidades ni conseguir en esta vida mortal su perfecta felicidad. Esta es 1a razón de que el bien común deba procurarse por tales vías y con tales medios que no sólo no pongan obstáculos a la salvación eterna del hombre, sino que, por el contrario, le ayuden a conseguirla [44].
Deberes de los gobernantes en orden al bien común
1. Defender los derechos y deberes del hombre
60. En 1a época actual se considera que el bien común consiste principalmente en la defensa de los derechos y deberes de 1a persona humana. De aquí que la misión principal de los hombres de gobierno deba tender a dos cosas: de un lado, reconocer, respetar, armonizar, tutelar y promover tales derechos; de otro, facilitar a cada ciudadano el cumplimiento de sus respectivos deberes. Tutelar el campo intangible de los derechos de 1a persona humana y hacerle llevadero el cumplimiento de sus deberes debe ser oficio esencial de todo poder público [45].
61. Por eso, los gobernantes que no reconozcan los derechos del hombre o los violen faltan a su propio deber y carecen, además, de toda obligatoriedad las disposiciones que dicten [46].
2. Armonizarlos y regularlos
62. Más aún, los gobernantes tienen como deber principal el de armonizar y regular de una manera adecuada y conveniente los derechos que vinculan entre sí a los hombres en el seno de la sociedad, de tal forma que, en primer lugar, los ciudadanos, al procurar sus derechos, no impidan el ejercicio de los derechos de los demás; en segundo lugar, que el que defienda su propio derecho no dificulte a los otros 1a práctica de sus respectivos deberes, y, por último, hay que mantener eficazmente 1a integridad de los derechos de todos y restablecerla en caso de haber sido violada[47].
3. Favorecer su ejercicio
63. Es además deber de quienes están a la cabeza del país trabajar positivamente para crear un estado de cosas que permita y facilite al ciudadano la defensa de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. De hecho, la experiencia enseña que, cuando falta una acción apropiada de los poderes públicos en 1o económico, lo político o lo cultural, se produce entre los ciudadanos, sobre todo en nuestra época, un mayor número de desigualdades en sectores cada vez más amplios, resultando así que los derechos y deberes de 1a persona humana carecen de toda eficacia práctica.
4. Exigencias concretas en esta materia
64. Es por ello necesario que los gobiernos pongan todo su empeño para que el desarrollo económico y el progreso social avancen a mismo tiempo y para que, a medida que se desarrolla la productividad de los sistemas económicos, se desenvuelvan también los servicios esenciales, como son, por ejemplo, carreteras, transportes, comercio, agua potable, vivienda, asistencia sanitaria, medios que faciliten la profesión de la fe religiosa y, finalmente, auxilios para el descanso del espíritu. Es necesario también que las autoridades se esfuercen por organizar sistemas económicos de previsión para que al ciudadano, en el caso de sufrir una desgracia o sobrevenirle una carga mayor en las obligaciones familiares contraídas, no le falte lo necesario para llevar un tenor de vida digno. Y no menor empeño deberán poner las autoridades en procurar y en lograr que a los obreros aptos para el trabajo se les dé la oportunidad de conseguir un empleo adecuado a sus fuerzas; que se pague a cada uno el salario que corresponda según las leyes de la justicia y de la equidad; que en las empresas puedan los trabajadores sentirse responsables de la tarea realizada; que se puedan constituir fácilmente organismos intermedios que hagan más fecunda y ágil la convivencia social; que, finalmente, todos, por los procedimientos y grados oportunos, puedan participar en los bienes de la cultura.
5. Guardar un perfecto equilibrio en 1a regulación y tutela de los derechos
65. Sin embargo, el bien general del país también exige que los gobernantes, tanto en la tarea de coordinar y asegurar los derechos de los ciudadanos como en la función de irlos perfeccionando, guarden un pleno equilibrio para evitar, por un lado, que la preferencia dada a los derechos de algunos particulares o de determinados grupos venga a ser origen de una posición de privilegio en la nación, y para soslayar, por otro, el peligro de que, por defender los derechos de todos, incurran en la absurda posición de impedir el pleno desarrollo de los derechos de cada uno. Manténgase siempre a salvo el principio de que la intervención de las autoridades públicas en el campo económico, por dilatada y profunda que sea, no sólo no debe coartar la libre iniciativa de los particulares, sino que, por el contrario, ha de garantizar la expansión de esa libre iniciativa, salvaguardando, sin embargo, incólumes los derechos esenciales de la persona humana [48].
66. Idéntica finalidad han de tener las iniciativas de todo género del gobierno dirigidas a facilitar al ciudadano tanto la defensa de sus derechos como e1 cumplimiento de sus deberes en todos los sectores de la vida social.
La constitución jurídico-política de la sociedad
67. Pasando a otro tema, no puede establecerse una norma universal sobre cuál sea la forma mejor de gobierno ni sobre los sistemas más adecuados para el ejercicio de las funciones públicas, tanto en la esfera legislativa como en 1a administrativa y en la judicial.
División de funciones y de poderes
68. En realidad, para determinar cuál haya de ser la estructura política de un país o el procedimiento apto para el ejercicio de las funciones públicas, es necesario tener muy en cuenta la situación actual y las circunstancias de cada pueblo; situación y circunstancias que cambian en función de los lugares y de las épocas. Juzgamos, sin embargo, que concuerda con la propia naturaleza del hombre una organización de la convivencia compuesta por las tres clases de magistraturas que mejor respondan a la triple función principal de 1a autoridad pública; porque en una comunidad política así organizada, las funciones de cada magistratura y las relaciones entre el ciudadano y los servidores de la cosa pública quedan definidas en términos jurídicos. Tal estructura política ofrece, sin duda, una eficaz garantía al ciudadano tanto en el ejercicio de sus derechos como en el cumplimiento de sus deberes.
Normas generales para e1 ejercicio de los tres poderes
69. Sin embargo, para que esta organización jurídica y política de la comunidad rinda las ventajas que le son propias, es exigencia de la misma realidad que las autoridades actúen y resuelvan las dificultades que surjan con procedimientos y medios idóneos, ajustados a las funciones específicas de su competencia y a la situación actual del país. Esto implica, además, la obligación que el poder legislativo tiene, en el constante cambio que 1a realidad impone, de no descuidar jamás en su actuación las normas morales, las bases constitucionales del Estado y las exigencias del bien común. Reclama, en segundo lugar, que la administración pública resuelva todos los casos en consonancia con el derecho, teniendo a la vista la legislación vigente y con cuidadoso examen crítico de la realidad concreta. Exige, por último, que el poder judicial dé a cada cual su derecho con imparcialidad plena y sin dejarse arrastrar por presiones de grupo alguno. Es también exigencia de la realidad que tanto el ciudadano como los grupos intermedios tengan a su alcance los medios legales necesarios para defender sus derechos y cumplir sus obligaciones, tanto en el terreno de las mutuas relaciones privadas como en sus contactos con los funcionarios públicos[49] .
Cautelas y requisitos que deben observar los gobernantes
70. Es indudable que esta ordenación jurídica del Estado, la cual responde a las normas de la moral y de la justicia y concuerda con el grado de progreso de la comunidad política, contribuye en gran manera al bien común del país.
71. Sin embargo, en nuestros tiempos, la vida social es tan variada, compleja y dinámica, que cualquier ordenación jurídica, aun la elaborada con suma prudencia y previsora intención, resulta muchas veces inadecuada frente a las necesidades.
72. Hay que añadir un hecho más: el de que las relaciones recíprocas de los ciudadanos, de los ciudadanos y de los grupos intermedios con las autoridades y, finalmente, de las distintas autoridades del Estado entre sí, resultan a veces tan inciertas y peligrosas, que no pueden encuadrarse en determinados moldes jurídicos. En tales casos, la realidad pide que los gobernantes, para mantener incólume la ordenación jurídica del Estado en sí misma y en los principios que la inspiran, satisfacer las exigencias fundamentales de la vida social, acomodar las leyes y resolver los nuevos problemas de acuerdo con los hábitos de la vida moderna, tengan, lo primero, una recta idea de la naturaleza de sus funciones y de los límites de su competencia, y posean, además, sentido de la equidad, integridad moral, agudeza de ingenio y constancia de voluntad en grado bastante para descubrir sin vacilación lo que hay que hacer y para llevarlo a cabo a tiempo y con valentía[50].
Acceso del ciudadano a la vida pública
73. Es una exigencia cierta de la dignidad humana que los hombres puedan con pleno derecho dedicarse a la vida pública, si bien solamente pueden participar en ella ajustándose a las modalidades que concuerden con la situación real de la comunidad política a la que pertenecen.
74. Por otra parte, de este derecho de acceso a la vida pública se siguen para los ciudadanos nuevas y amplísimas posibilidades de bien común. Porque, primeramente, en las actuales circunstancias, los gobernantes, al ponerse en contacto y dialogar con mayor frecuencia con los ciudadanos, pueden conocer mejor los medios que más interesan para el bien común, y, por otra parte, la renovación periódica de las personas en los puestos públicos no sólo impide el envejecimiento de la autoridad, sino que además le da la posibilidad de rejuvenecerse en cierto modo para acometer el progreso de la sociedad humana[51].
Exigencias de la época
Carta de los derechos del hombre
75. De todo 1o expuesto hasta aquí se deriva con plena claridad que, en nuestra época, lo primero que se requiere en la organización jurídica del Estado es redactar, con fórmulas concisas y claras, un compendio de los derechos fundamentales del hombre e incluirlo en la constitución general del Estado.
Organización de poderes
76. Se requiere, en segundo lugar, que, en términos estrictamente jurídicos, se elabore una constitución pública de cada comunidad política, en la que se definan los procedimientos para designar a los gobernantes, los vínculos con los que necesariamente deban aquellos relacionarse entre sí, las esferas de sus respectivas competencias y, por último, las normas obligatorias que hayan de dirigir el ejercicio de sus funciones.
Relaciones autoridad-ciudadanos
77. Se requiere, finalmente, que se definan de modo específico los derechos y deberes del ciudadano en sus relaciones con las autoridades y que se prescriba de forma clara como misión principal delas autoridades el reconocimiento, respeto, acuerdo mutuo, tutela y desarrollo continuo de los derechos y deberes del ciudadano.
Juicio crítico
78. Sin embargo, no puede aceptarse la doctrina de quienes afirman que la voluntad de cada individuo o de ciertos grupos es la fuente primaria y única de donde brotan los derechos y deberes del ciudadano, proviene la fuerza obligatoria de la constitución política y nace, finalmente, el poder de los gobernantes del Estado para mandar[52].
79. No obstante, estas tendencias de que hemos hablado constituyen también un testimonio indudable de que en nuestro tiempo los hombres van adquiriendo una conciencia cada vez más viva de su propia dignidad y se sienten, por tanto, estimulados a intervenir en la ida pública y a exigir que sus derechos personales e inviolables se defiendan en la constitución política del país. No basta con esto; los hombres exigen hoy, además, que las autoridades se nombren de acuerdo con las normas constitucionales y ejerzan sus funciones dentro de los términos establecidos por las mismas.
La autoridad
Es necesaria
46. Una sociedad bien ordenada y fecunda requiere gobernantes, investidos de legítima autoridad, que defiendan las instituciones y consagren, en la medida suficiente, su actividad y sus desvelos al provecho común del país. Toda la autoridad que los gobernantes poseen proviene de Dios, según enseña San Pablo: Porque no hay autoridad que no venga de Dios [28]. Enseñanza del Apóstol que San Juan Crisóstomo desarrolla en estos términos: ¿Qué dices? ¿Acaso todo gobernante ha sido establecido por Dios? No digo esto -añade-, no hablo de cada uno de los que mandan, sino de la autoridad misma. Porque el que existan las autoridades, y haya gobernantes y súbditos, y todo suceda sin obedecer a un azar completamente fortuito, digo que es obra de la divina sabiduría[29].En efecto, como Dios ha creado a los hombres sociales por naturaleza y ninguna sociedad puede conservarse sin un jefe supremo que mueva a todos y a cada uno con un mismo impulso eficaz, encaminado al bien común, resulta necesaria en toda sociedad humana una autoridad que la dirija; autoridad que, como la misma sociedad, surge y deriva de la naturaleza, y, por tanto, del mismo Dios, que es su autor[30].
Debe estar sometida al orden moral
47. La autoridad, sin embargo, no puede considerarse exenta de sometimiento a otra superior. Más aún, la autoridad consiste en la facultad de mandar según la recta razón. Por ello, se sigue evidentemente que su fuerza obligatoria procede del orden moral, que tiene a Dios como primer principio y último fin. Por eso advierte nuestro predecesor, de feliz memoria, Pío XII: El mismo orden absoluto de los seres y de los fines, que muestra al hombre como persona autónoma, es decir, como sujeto de derechos y de deberes inviolables, raíz y término de su propia vida social, abarca también al Estado como sociedad necesaria, revestida de autoridad, sin la cual no podría ni existir ni vivir... Y como ese orden absoluto, a la luz de la sana razón, y más particularmente a la luz de la fe cristiana, no puede tener otro origen que un Dios personal, Creador nuestro, síguese que... la dignidad de la autoridad política es la dignidad de su participación en la autoridad de Dios[31].
Sólo así obliga en conciencia
48. Por este motivo, el derecho de mandar que se funda exclusiva o principalmente en la amenaza o el temor de las penas o en la promesa de premios, no tiene eficacia alguna para mover al hombre a laborar por el bien común, y, aun cuando tal vez tuviera esa eficacia, no se ajustaría en absoluto a la dignidad del hombre, que es un ser racional y libre. La autoridad no es, en su contenido sustancial, una fuerza física; por ello tienen que apelar los gobernantes a la conciencia del ciudadano, esto es, al deber que sobre cada uno pesa de prestar su pronta colaboración al bien común. Pero como todos los hombres son entre sí iguales en dignidad natural, ninguno de ellos, en consecuencia, puede obligar a los demás a tomar una decisión en la intimidad de su conciencia. Es éste un poder exclusivo de Dios, por ser el único que ve y juzga los secretos más ocultos del corazón humano.
49. Los gobernantes, por tanto, sólo pueden obligar en conciencia al ciudadano cuando su autoridad está unida a la de Dios y constituye una participación de la misma[32].
Y se salva la dignidad del ciudadano
50. Sentado este principio, se salva la dignidad del ciudadano, ya que su obediencia a las autoridades públicas no es, en modo alguno, sometimiento de hombrea hombre, sino, en realidad, un acto de culto a Dios, creador solícito de todo, quien ha ordenado que las relaciones de la convivencia humana se regulen por el orden que El mismo ha establecido; por otra parte, al rendir a Dios la debida reverencia, el hombre no se humilla, sino más bien se eleva y ennoblece, ya que servir a Dios es reinar[33].
La ley debe respetar el ordenamiento divino
51. El derecho de mandar constituye una exigencia del orden espiritual y dimana de Dios. Por ello, si los gobernantes promulgan una ley o dictan una disposición cualquiera contraria a ese orden espiritual y, por consiguiente, opuesta a la voluntad de Dios, en tal caso ni la ley promulgada ni la disposición dictada pueden obligar en conciencia al ciudadano, ya que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres[34]); más aún, en semejante situación, la propia autoridad se desmorona por completo y se origina una iniquidad espantosa. Así lo enseña Santo Tomás: En cuanto a lo segundo, la ley humana tiene razón de ley sólo en cuanto se ajusta a la recta razón. Y así considerada, es manifiesto que procede de la ley eterna. Pero, en cuanto se aparta de la recta razón, es una ley injusta, y así no tiene carácter de ley, sino más bien de violencia [35].
Autoridad y democracia
52. Ahora bien, del hecho de que la autoridad proviene de Dios no debe en modo alguno deducirse que los hombres no tengan derecho a elegir los gobernantes de la nación, establecer la forma de gobierno y determinar los procedimientos y los límites en el ejercicio de la autoridad. De aquí que la doctrina que acabamos de exponer pueda conciliarse con cualquier clase de régimen auténticamente democrático[36].
El bien común
Obliga al ciudadano
53. Todos los individuos y grupos intermedios tienen el deber de prestar su colaboración personal al bien común. De donde se sigue la conclusión fundamental de que todos ellos han de acomodar sus intereses a las necesidades de los demás, y la de que deben enderezar sus prestaciones en bienes o servicios al fin que los gobernantes han establecido, según normas de justicia y respetando los procedimientos y límites fijados para el gobierno. Los gobernantes, por tanto, deben dictar aquellas disposiciones que, además de su perfección formal jurídica, se ordenen por entero al bien de la comunidad o puedan conducir a él.
Obliga también al gobernante
54. La razón de ser de cuantos gobiernan radica por completo en el bien común. De donde se deduce claramente que todo gobernante debe buscarlo, respetando la naturaleza del propio bien común y ajustando al mismo tiempo sus normas jurídicas a la situación real de las circunstancias[37]
Está ligado a la naturaleza humana
55. Sin duda han de considerarse elementos intrínsecos del bien común las propiedades características de cada nación[38]; pero estas propiedades no definen en absoluto de manera completa el bien común. El bien común, en efecto, está íntimamente ligado a la naturaleza humana. Por ello no se puede mantener su total integridad más que en el supuesto de que, atendiendo a la íntima naturaleza y efectividad del mismo, se tenga siempre en cuenta el concepto de la persona humana[39].
Debe redundar en provecho de todos
56. Añádase a esto que todos los miembros de la comunidad deben participar en el bien común por razón de su propia naturaleza, aunque en grados diversos, según las categorías, méritos y condiciones de cada ciudadano. Por este motivo, los gobernantes han de orientar sus esfuerzos a que el bien común redunde en provecho de todos, sin preferencia alguna por persona o grupo social determinado, como lo establece ya nuestro predecesor, de inmortal memoria, León XIII: No se puede permitir en modo alguno que la autoridad civil sirva el interés de uno o de pocos, porque está constituida para el bien común de todos[40]. Sin embargo, razones de justicia y de equidad pueden exigir, a veces, que los hombres de gobierno tengan especial cuidado de los ciudadanos más débiles, que puedan hallarse en condiciones de inferioridad, para defender sus propios derechos y asegurar sus legítimos intereses[41].
Abarca a todo el hombre
57. Hemos de hacer aquí una advertencia a nuestros hijos: el bien común abarca a todo el hombre, es decir, tanto las exigencias del cuerpo como las del espíritu. De lo cual se sigue que los gobernantes deben procurar dicho bien por las vías adecuadas y escalonadamente, de tal forma que, respetando el recto orden de los valores, ofrezcan al ciudadano la prosperidad material y al mismo tiempo los bienes del espíritu[42].
58. Todos estos principios están recogidos con exacta precisión en un pasaje de nuestra encíclica Mater et magistra, donde establecimos que el bien común abarca todo un conjunto de condiciones sociales que permitan a los ciudadanos e1 desarrollo expedito y pleno de su propia perfección [43].
59. E1 hombre, por tener un cuerpo y un alma inmortal, no puede satisfacer sus necesidades ni conseguir en esta vida mortal su perfecta felicidad. Esta es 1a razón de que el bien común deba procurarse por tales vías y con tales medios que no sólo no pongan obstáculos a la salvación eterna del hombre, sino que, por el contrario, le ayuden a conseguirla [44].
Deberes de los gobernantes en orden al bien común
1. Defender los derechos y deberes del hombre
60. En 1a época actual se considera que el bien común consiste principalmente en la defensa de los derechos y deberes de 1a persona humana. De aquí que la misión principal de los hombres de gobierno deba tender a dos cosas: de un lado, reconocer, respetar, armonizar, tutelar y promover tales derechos; de otro, facilitar a cada ciudadano el cumplimiento de sus respectivos deberes. Tutelar el campo intangible de los derechos de 1a persona humana y hacerle llevadero el cumplimiento de sus deberes debe ser oficio esencial de todo poder público [45].
61. Por eso, los gobernantes que no reconozcan los derechos del hombre o los violen faltan a su propio deber y carecen, además, de toda obligatoriedad las disposiciones que dicten [46].
2. Armonizarlos y regularlos
62. Más aún, los gobernantes tienen como deber principal el de armonizar y regular de una manera adecuada y conveniente los derechos que vinculan entre sí a los hombres en el seno de la sociedad, de tal forma que, en primer lugar, los ciudadanos, al procurar sus derechos, no impidan el ejercicio de los derechos de los demás; en segundo lugar, que el que defienda su propio derecho no dificulte a los otros 1a práctica de sus respectivos deberes, y, por último, hay que mantener eficazmente 1a integridad de los derechos de todos y restablecerla en caso de haber sido violada[47].
3. Favorecer su ejercicio
63. Es además deber de quienes están a la cabeza del país trabajar positivamente para crear un estado de cosas que permita y facilite al ciudadano la defensa de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. De hecho, la experiencia enseña que, cuando falta una acción apropiada de los poderes públicos en 1o económico, lo político o lo cultural, se produce entre los ciudadanos, sobre todo en nuestra época, un mayor número de desigualdades en sectores cada vez más amplios, resultando así que los derechos y deberes de 1a persona humana carecen de toda eficacia práctica.
4. Exigencias concretas en esta materia
64. Es por ello necesario que los gobiernos pongan todo su empeño para que el desarrollo económico y el progreso social avancen a mismo tiempo y para que, a medida que se desarrolla la productividad de los sistemas económicos, se desenvuelvan también los servicios esenciales, como son, por ejemplo, carreteras, transportes, comercio, agua potable, vivienda, asistencia sanitaria, medios que faciliten la profesión de la fe religiosa y, finalmente, auxilios para el descanso del espíritu. Es necesario también que las autoridades se esfuercen por organizar sistemas económicos de previsión para que al ciudadano, en el caso de sufrir una desgracia o sobrevenirle una carga mayor en las obligaciones familiares contraídas, no le falte lo necesario para llevar un tenor de vida digno. Y no menor empeño deberán poner las autoridades en procurar y en lograr que a los obreros aptos para el trabajo se les dé la oportunidad de conseguir un empleo adecuado a sus fuerzas; que se pague a cada uno el salario que corresponda según las leyes de la justicia y de la equidad; que en las empresas puedan los trabajadores sentirse responsables de la tarea realizada; que se puedan constituir fácilmente organismos intermedios que hagan más fecunda y ágil la convivencia social; que, finalmente, todos, por los procedimientos y grados oportunos, puedan participar en los bienes de la cultura.
5. Guardar un perfecto equilibrio en 1a regulación y tutela de los derechos
65. Sin embargo, el bien general del país también exige que los gobernantes, tanto en la tarea de coordinar y asegurar los derechos de los ciudadanos como en la función de irlos perfeccionando, guarden un pleno equilibrio para evitar, por un lado, que la preferencia dada a los derechos de algunos particulares o de determinados grupos venga a ser origen de una posición de privilegio en la nación, y para soslayar, por otro, el peligro de que, por defender los derechos de todos, incurran en la absurda posición de impedir el pleno desarrollo de los derechos de cada uno. Manténgase siempre a salvo el principio de que la intervención de las autoridades públicas en el campo económico, por dilatada y profunda que sea, no sólo no debe coartar la libre iniciativa de los particulares, sino que, por el contrario, ha de garantizar la expansión de esa libre iniciativa, salvaguardando, sin embargo, incólumes los derechos esenciales de la persona humana [48].
66. Idéntica finalidad han de tener las iniciativas de todo género del gobierno dirigidas a facilitar al ciudadano tanto la defensa de sus derechos como e1 cumplimiento de sus deberes en todos los sectores de la vida social.
La constitución jurídico-política de la sociedad
67. Pasando a otro tema, no puede establecerse una norma universal sobre cuál sea la forma mejor de gobierno ni sobre los sistemas más adecuados para el ejercicio de las funciones públicas, tanto en la esfera legislativa como en 1a administrativa y en la judicial.
División de funciones y de poderes
68. En realidad, para determinar cuál haya de ser la estructura política de un país o el procedimiento apto para el ejercicio de las funciones públicas, es necesario tener muy en cuenta la situación actual y las circunstancias de cada pueblo; situación y circunstancias que cambian en función de los lugares y de las épocas. Juzgamos, sin embargo, que concuerda con la propia naturaleza del hombre una organización de la convivencia compuesta por las tres clases de magistraturas que mejor respondan a la triple función principal de 1a autoridad pública; porque en una comunidad política así organizada, las funciones de cada magistratura y las relaciones entre el ciudadano y los servidores de la cosa pública quedan definidas en términos jurídicos. Tal estructura política ofrece, sin duda, una eficaz garantía al ciudadano tanto en el ejercicio de sus derechos como en el cumplimiento de sus deberes.
Normas generales para e1 ejercicio de los tres poderes
69. Sin embargo, para que esta organización jurídica y política de la comunidad rinda las ventajas que le son propias, es exigencia de la misma realidad que las autoridades actúen y resuelvan las dificultades que surjan con procedimientos y medios idóneos, ajustados a las funciones específicas de su competencia y a la situación actual del país. Esto implica, además, la obligación que el poder legislativo tiene, en el constante cambio que 1a realidad impone, de no descuidar jamás en su actuación las normas morales, las bases constitucionales del Estado y las exigencias del bien común. Reclama, en segundo lugar, que la administración pública resuelva todos los casos en consonancia con el derecho, teniendo a la vista la legislación vigente y con cuidadoso examen crítico de la realidad concreta. Exige, por último, que el poder judicial dé a cada cual su derecho con imparcialidad plena y sin dejarse arrastrar por presiones de grupo alguno. Es también exigencia de la realidad que tanto el ciudadano como los grupos intermedios tengan a su alcance los medios legales necesarios para defender sus derechos y cumplir sus obligaciones, tanto en el terreno de las mutuas relaciones privadas como en sus contactos con los funcionarios públicos[49] .
Cautelas y requisitos que deben observar los gobernantes
70. Es indudable que esta ordenación jurídica del Estado, la cual responde a las normas de la moral y de la justicia y concuerda con el grado de progreso de la comunidad política, contribuye en gran manera al bien común del país.
71. Sin embargo, en nuestros tiempos, la vida social es tan variada, compleja y dinámica, que cualquier ordenación jurídica, aun la elaborada con suma prudencia y previsora intención, resulta muchas veces inadecuada frente a las necesidades.
72. Hay que añadir un hecho más: el de que las relaciones recíprocas de los ciudadanos, de los ciudadanos y de los grupos intermedios con las autoridades y, finalmente, de las distintas autoridades del Estado entre sí, resultan a veces tan inciertas y peligrosas, que no pueden encuadrarse en determinados moldes jurídicos. En tales casos, la realidad pide que los gobernantes, para mantener incólume la ordenación jurídica del Estado en sí misma y en los principios que la inspiran, satisfacer las exigencias fundamentales de la vida social, acomodar las leyes y resolver los nuevos problemas de acuerdo con los hábitos de la vida moderna, tengan, lo primero, una recta idea de la naturaleza de sus funciones y de los límites de su competencia, y posean, además, sentido de la equidad, integridad moral, agudeza de ingenio y constancia de voluntad en grado bastante para descubrir sin vacilación lo que hay que hacer y para llevarlo a cabo a tiempo y con valentía[50].
Acceso del ciudadano a la vida pública
73. Es una exigencia cierta de la dignidad humana que los hombres puedan con pleno derecho dedicarse a la vida pública, si bien solamente pueden participar en ella ajustándose a las modalidades que concuerden con la situación real de la comunidad política a la que pertenecen.
74. Por otra parte, de este derecho de acceso a la vida pública se siguen para los ciudadanos nuevas y amplísimas posibilidades de bien común. Porque, primeramente, en las actuales circunstancias, los gobernantes, al ponerse en contacto y dialogar con mayor frecuencia con los ciudadanos, pueden conocer mejor los medios que más interesan para el bien común, y, por otra parte, la renovación periódica de las personas en los puestos públicos no sólo impide el envejecimiento de la autoridad, sino que además le da la posibilidad de rejuvenecerse en cierto modo para acometer el progreso de la sociedad humana[51].
Exigencias de la época
Carta de los derechos del hombre
75. De todo 1o expuesto hasta aquí se deriva con plena claridad que, en nuestra época, lo primero que se requiere en la organización jurídica del Estado es redactar, con fórmulas concisas y claras, un compendio de los derechos fundamentales del hombre e incluirlo en la constitución general del Estado.
Organización de poderes
76. Se requiere, en segundo lugar, que, en términos estrictamente jurídicos, se elabore una constitución pública de cada comunidad política, en la que se definan los procedimientos para designar a los gobernantes, los vínculos con los que necesariamente deban aquellos relacionarse entre sí, las esferas de sus respectivas competencias y, por último, las normas obligatorias que hayan de dirigir el ejercicio de sus funciones.
Relaciones autoridad-ciudadanos
77. Se requiere, finalmente, que se definan de modo específico los derechos y deberes del ciudadano en sus relaciones con las autoridades y que se prescriba de forma clara como misión principal delas autoridades el reconocimiento, respeto, acuerdo mutuo, tutela y desarrollo continuo de los derechos y deberes del ciudadano.
Juicio crítico
78. Sin embargo, no puede aceptarse la doctrina de quienes afirman que la voluntad de cada individuo o de ciertos grupos es la fuente primaria y única de donde brotan los derechos y deberes del ciudadano, proviene la fuerza obligatoria de la constitución política y nace, finalmente, el poder de los gobernantes del Estado para mandar[52].
79. No obstante, estas tendencias de que hemos hablado constituyen también un testimonio indudable de que en nuestro tiempo los hombres van adquiriendo una conciencia cada vez más viva de su propia dignidad y se sienten, por tanto, estimulados a intervenir en la ida pública y a exigir que sus derechos personales e inviolables se defiendan en la constitución política del país. No basta con esto; los hombres exigen hoy, además, que las autoridades se nombren de acuerdo con las normas constitucionales y ejerzan sus funciones dentro de los términos establecidos por las mismas.
Notas al pie y referencias:
[28]Rom 13,1-6.
[29] In Epist. ad Rom. c.13,1-2 hom.23: MG 60,615.
[30] León XIII, Immortale Dei: AL 5,120 (Roma 1885).
[31] Pío XII, radiomensaje navideño de 1944: AAS 37 (1945) 15.
[32] Cf León XIII, Diuturnum illud: AL 2,274 (Roma1881).
[33] Cf ibíd., 278; e Immortale Dei: AL 5,130 (Roma1885).
[34] Hech 5,29.
[35] Summa Theologiae I-II q.93 a.3 ad 2; cf. Pío XII, radiomensaje navideño de 1944: AAS 37 (1945) 5-23.
[36] Cf. León XIII, Diuturnum illud: AL 2,271-272 (Roma1881); y Pío XII, radiomensaje navideño de 1944: AAS 37 (1945) 5-23.
[37]Cf. Pío XII, radiomensaje navideño de 1942: AAS 35 (1943). 13; y León XIII, Immortale Dei: AL 5,120 (Roma 1885).
[38] Cf. Pío XII, Summi Pontificatus: AAS 31 (1939)412-453.
[39] Cf. Pío XI, Mil brennender Sorge: AAS 29 (1937) 159; y Divini Redemptoris; AAS 29 (1937) 65-106.
[40] León XIII, Immortale Dei: AL 5,121 (Roma 1885).
[41] Cf. León XIII, Rerum novarum: AL 11,133-134 (Roma 1891).
[42] Cf. Pío XII, Summi Pontificatus: AAS 31 (1939) 433.
[43] AAS 53 (1961) 19.
[44] Cf. Pío XI, Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 215.
[45] Cf. Pío XII, mensaje del 1 de junio de 1941, en la fiesta de Pentecostés: AAS 33 (1941) 200.
[46]Cf. Pío XI, Mit brennender Sorge: AAS 29 (1937) 159; Divini Redemptoris: AAS 29 (1937) 79; y Pío XII, radiomensaje navideño de 1942: AAS 35 (1943) 9-24.
[47] Cf. Pío XI, Divini Redemptoris: AAS 29 (1937) 81; y Pío XII, radiomensaje navideño de 1942: AAS 35 (1943) 9-24.
[48] Juan XXIII, Mater et magistra: AAS 53 (1961) 415.
[49] Cf. Pío XII, radiomensaje navideño de 1942: AAS 35 (1943) 21.
[50] Cf. Pio XII, radiomensaje navideño de 1944: AAS 37 (1945) 15-16.
[51] Cf. Pío XII, radiomensaje navideño de 1942: AAS 35 (1943) 12.
[52] Cf. León XIII, Annum ingressi: AL 22.52-80 (Roma 1902-1903).
martes, 3 de agosto de 2010
Matrimonio - Mons. Aguer, No todo lo legal es legítimo
NOTIVIDA, Año X, Nº 727, 31 de julio de 2010
La Plata, Argentina
MONS. AGUER: NO TODO LO LEGAL ES LEGÍTIMO
En su reflexión semanal en el programa “Claves para un Mundo Mejor”, Mons. Héctor Aguer, Arzobispo de La Plata, se refirió a la reciente reforma del Código Civil que legalizó el “matrimonio” homosexual.
Es una ley ilegítima, señaló el prelado, porque contradice “valores morales objetivos y universales” fundados en la naturaleza humana “y en definitiva en la Ley de Dios, que ha dejado su marca en la Creación”.
Tras denunciar los “aprietes” que hicieron posible la sanción de la ley, el Arzobispo platense manifestó su preocupación por: 1º la libertad religiosa (¿se podrá predicar sobre sexualidad humana y matrimonio conforme a la Biblia, la tradición y el magisterio eclesial?), 2º el derecho de los padres a educar a sus hijos (¿recibirán los niños una educación contraria a las convicciones fundamentales de sus padres?) y 3º el derecho a la objeción de conciencia (¿se obligará a funcionarios del Registro Civil, jueces y educadores a aplicar una ley que violenta sus convicciones?).
El modo de actuar de los impulsores de esta “alteración del orden familiar”, concluyó, hace “temer la imposición de la dictadura del relativismo”.
A continuación el texto completo de la alocución televisiva de Mons. Héctor Aguer:
"Como todos saben, el Senado de la Nación, hace algunas semanas, ha completado la sanción que ya había otorgado la Cámara de Diputados a la proyectada alteración del orden familiar, extendiendo la realidad institucional del matrimonio a la convivencia de personas del mismo sexo".
"Esta ley ha practicado una escisión entre la moral y el derecho, porque la ley sancionada por un cuerpo legislativo no puede contradecir valores morales objetivos y universales que se apoyan en la naturaleza humana y en definitiva en la Ley de Dios, que ha dejado su marca en la Creación”.
"Por otra parte, a propósito de leyes como ésta hay que tener en cuenta que no es lo mismo legitimidad que legalidad. Esta ley ha entrado a formar parte del cuerpo legal de la Nación, pero no es legítima. Y no es legítima porque es una ley injusta".
"Esto no lo afirmo simplemente yo, sino que lo afirma toda la tradición de la Iglesia, expuesta de una manera admirable por el Beato Juan XXIII en su conocidísima Encíclica "Pacem in terris". Ahí dice el Papa que la autoridad humana, cuando legisla en contra de la ley de Dios, es decir cuando produce una ley que está en discordancia con el orden moral, en ese acto, decae de su autoridad, y lo que se origina no es una ley sino una iniquidad espantosa. Esas son las palabras de Juan XXIII. Vemos entonces que esta ley de la que hablamos es legal pero no es legítima".
“En cuanto a la legalidad de esta ley también se podría decir que ha quedado seriamente mancillada porque son bien conocidas las condiciones que favorecieron la sanción. Se han comentado abundantemente los “aprietes”, los sospechosos cambios de posición de varios senadores y el regalo de viajes a oriente. Además, conviene recordar que se ha sancionado una ley en contra de la manifiesta convicción de la mayoría del pueblo argentino.”
"Lo que ahora importa es considerar qué puede ocurrir en adelante. Con el tiempo se irá viendo el estrago que el paso dado por el Congreso significa en el orden institucional y jurídico. Pero me preocupan tres cuestiones fundamentales".
“En primer lugar, la libertad de la Iglesia, que está asegurada por la Constitución Nacional y por instrumentos de Derecho Público Internacional. ¿Podremos predicar libremente lo que la Biblia, la tradición y el magisterio eclesial enseñan acerca de la sexualidad humana y del matrimonio? ¿Se nos obligará, acaso, a enseñar a los niños que es tan lícito y válido casarse con una persona del mismo sexo, contra la naturaleza, como hacerlo con una del sexo opuesto, es decir, según el orden de la naturaleza?”
“Una segunda cuestión es la libertad de los padres que envían a sus hijos a escuelas de gestión estatal. ¿Por qué un padre de familia tiene que soportar que a su hijo se le enseñe en contra de sus convicciones fundamentales? Y esto lo digo porque los últimos textos que ha producido el Ministerio de Educación de la Nación parece que proponen preparar a los niñitos desde el jardín de infantes para que con el tiempo ellos elijan con plena libertad su orientación sexual, como si todo valiera igual. Es evidente que se procura inducir un cambio cultural arruinando el sentido moral de las próximas generaciones de argentinos.”
“El tercer tema que queda abierto es la objeción de conciencia que podrían con toda razón plantear funcionarios del Registro Civil, jueces y educadores, que se verán obligados a aplicar una ley que violenta sus convicciones. No existe un marco regulatorio bien claro de este aspecto importantísimo del ejercicio de la libertad”.
“Por otra parte, los activistas que han fomentado la alteración del orden familiar, los ideólogos que desde hace tiempo la han planeado y algunos políticos con clara inclinación totalitaria, hacen temer la imposición de la dictadura del relativismo, como llamó a este hecho novedoso y fatal el Papa Benedicto XVI.”
La Plata, Argentina
MONS. AGUER: NO TODO LO LEGAL ES LEGÍTIMO
En su reflexión semanal en el programa “Claves para un Mundo Mejor”, Mons. Héctor Aguer, Arzobispo de La Plata, se refirió a la reciente reforma del Código Civil que legalizó el “matrimonio” homosexual.
Es una ley ilegítima, señaló el prelado, porque contradice “valores morales objetivos y universales” fundados en la naturaleza humana “y en definitiva en la Ley de Dios, que ha dejado su marca en la Creación”.
Tras denunciar los “aprietes” que hicieron posible la sanción de la ley, el Arzobispo platense manifestó su preocupación por: 1º la libertad religiosa (¿se podrá predicar sobre sexualidad humana y matrimonio conforme a la Biblia, la tradición y el magisterio eclesial?), 2º el derecho de los padres a educar a sus hijos (¿recibirán los niños una educación contraria a las convicciones fundamentales de sus padres?) y 3º el derecho a la objeción de conciencia (¿se obligará a funcionarios del Registro Civil, jueces y educadores a aplicar una ley que violenta sus convicciones?).
El modo de actuar de los impulsores de esta “alteración del orden familiar”, concluyó, hace “temer la imposición de la dictadura del relativismo”.
A continuación el texto completo de la alocución televisiva de Mons. Héctor Aguer:
"Como todos saben, el Senado de la Nación, hace algunas semanas, ha completado la sanción que ya había otorgado la Cámara de Diputados a la proyectada alteración del orden familiar, extendiendo la realidad institucional del matrimonio a la convivencia de personas del mismo sexo".
"Esta ley ha practicado una escisión entre la moral y el derecho, porque la ley sancionada por un cuerpo legislativo no puede contradecir valores morales objetivos y universales que se apoyan en la naturaleza humana y en definitiva en la Ley de Dios, que ha dejado su marca en la Creación”.
"Por otra parte, a propósito de leyes como ésta hay que tener en cuenta que no es lo mismo legitimidad que legalidad. Esta ley ha entrado a formar parte del cuerpo legal de la Nación, pero no es legítima. Y no es legítima porque es una ley injusta".
"Esto no lo afirmo simplemente yo, sino que lo afirma toda la tradición de la Iglesia, expuesta de una manera admirable por el Beato Juan XXIII en su conocidísima Encíclica "Pacem in terris". Ahí dice el Papa que la autoridad humana, cuando legisla en contra de la ley de Dios, es decir cuando produce una ley que está en discordancia con el orden moral, en ese acto, decae de su autoridad, y lo que se origina no es una ley sino una iniquidad espantosa. Esas son las palabras de Juan XXIII. Vemos entonces que esta ley de la que hablamos es legal pero no es legítima".
“En cuanto a la legalidad de esta ley también se podría decir que ha quedado seriamente mancillada porque son bien conocidas las condiciones que favorecieron la sanción. Se han comentado abundantemente los “aprietes”, los sospechosos cambios de posición de varios senadores y el regalo de viajes a oriente. Además, conviene recordar que se ha sancionado una ley en contra de la manifiesta convicción de la mayoría del pueblo argentino.”
"Lo que ahora importa es considerar qué puede ocurrir en adelante. Con el tiempo se irá viendo el estrago que el paso dado por el Congreso significa en el orden institucional y jurídico. Pero me preocupan tres cuestiones fundamentales".
“En primer lugar, la libertad de la Iglesia, que está asegurada por la Constitución Nacional y por instrumentos de Derecho Público Internacional. ¿Podremos predicar libremente lo que la Biblia, la tradición y el magisterio eclesial enseñan acerca de la sexualidad humana y del matrimonio? ¿Se nos obligará, acaso, a enseñar a los niños que es tan lícito y válido casarse con una persona del mismo sexo, contra la naturaleza, como hacerlo con una del sexo opuesto, es decir, según el orden de la naturaleza?”
“Una segunda cuestión es la libertad de los padres que envían a sus hijos a escuelas de gestión estatal. ¿Por qué un padre de familia tiene que soportar que a su hijo se le enseñe en contra de sus convicciones fundamentales? Y esto lo digo porque los últimos textos que ha producido el Ministerio de Educación de la Nación parece que proponen preparar a los niñitos desde el jardín de infantes para que con el tiempo ellos elijan con plena libertad su orientación sexual, como si todo valiera igual. Es evidente que se procura inducir un cambio cultural arruinando el sentido moral de las próximas generaciones de argentinos.”
“El tercer tema que queda abierto es la objeción de conciencia que podrían con toda razón plantear funcionarios del Registro Civil, jueces y educadores, que se verán obligados a aplicar una ley que violenta sus convicciones. No existe un marco regulatorio bien claro de este aspecto importantísimo del ejercicio de la libertad”.
“Por otra parte, los activistas que han fomentado la alteración del orden familiar, los ideólogos que desde hace tiempo la han planeado y algunos políticos con clara inclinación totalitaria, hacen temer la imposición de la dictadura del relativismo, como llamó a este hecho novedoso y fatal el Papa Benedicto XVI.”
sobre el aborto
¿?Para alguien que está a favor del aborto: ¿cuál es la diferencia entre matar bebés dentro o fuera de la madre?
29 Julio 2010, 10:58 PM en
Mujer admite asesinó por asfixia 8 hijos recién nacidos
Tras asesinar a los recién nacidos la francesa ocultaba los cadáveres en el jardín y el garage}
VILLERS-AU-TERTRE. Francia. AP. Una francesa que admitió haber sofocado a ocho de sus recién nacidos y de ocultar sus cadáveres en el jardín y garaje de su casa fue acusada de homicidio, dijo un fiscal ayer, jueves.
Dominique Cottrez, una enfermera asistente de 46 años de edad, alegó que después de una mala experiencia en su primer embarazo nunca quiso volver a ver a un médico.
Admitió haber dado a luz por su cuenta y colocado los cuerpos en bolsas de plástico. Enterró a dos en el jardín y ocultó el resto en el garaje, precisó el fiscal Eric Vaillant.
"Ella explicó que no quería más hijos y que no quería ver a un médico para tomar anticonceptivos", dijo Vaillant en una conferencia de prensa. "Estaba perfectamente consciente de estar embarazada en cada ocasión".
La mujer y su marido, Pierre-Marie Cottrez, fueron detenidos el miércoles después que los nuevos propietarios hallaron dos cuerpos en bolsas de plástico enterrados en el jardín de una casa que había pertenecido al padre de la mujer en Villers-au-Tertre, en el norte de Francia.
Bajo interrogatorio, la mujer admitió que había otros seis cadáveres y dijo a los investigadores que se encontraban en bolsas de plástico en el garaje de su casa, donde fueron hallados.
La mujer será sometida a exámenes siquiátricos, dijo el fiscal. El marido quedó en libertad y no ha sido acusado, aunque sigue bajo control judicial.
El hombre dijo no haber sabido nada sobre los embarazos de su mujer, que al parecer podía ocultarlo porque es voluminosa. Poco antes, Vaillant anticipó que el marido podría ser acusado de no reportar un crimen y ocultamiento de cadáveres.
Zoom
Historia macabra
Ocho velas encendidas se consumen en un altar improvisado delante de la casa de este pueblo del norte francés, cada una por cada recién nacido sofocado por su madre a sólo horas de haber dado a luz, una macabra historia que horroriza a los habitantes de la localidad. Villers-au-Tertre es un pueblo en el que "nunca pasa nada", reconoce el alcalde, Patrick Mercier. Pero el jueves, la vida de este pueblo cambió por completo al enterarse de este hecho.
Tras asesinar a los recién nacidos la francesa ocultaba los cadáveres en el jardín y el garage}
VILLERS-AU-TERTRE. Francia. AP. Una francesa que admitió haber sofocado a ocho de sus recién nacidos y de ocultar sus cadáveres en el jardín y garaje de su casa fue acusada de homicidio, dijo un fiscal ayer, jueves.
Dominique Cottrez, una enfermera asistente de 46 años de edad, alegó que después de una mala experiencia en su primer embarazo nunca quiso volver a ver a un médico.
Admitió haber dado a luz por su cuenta y colocado los cuerpos en bolsas de plástico. Enterró a dos en el jardín y ocultó el resto en el garaje, precisó el fiscal Eric Vaillant.
"Ella explicó que no quería más hijos y que no quería ver a un médico para tomar anticonceptivos", dijo Vaillant en una conferencia de prensa. "Estaba perfectamente consciente de estar embarazada en cada ocasión".
La mujer y su marido, Pierre-Marie Cottrez, fueron detenidos el miércoles después que los nuevos propietarios hallaron dos cuerpos en bolsas de plástico enterrados en el jardín de una casa que había pertenecido al padre de la mujer en Villers-au-Tertre, en el norte de Francia.
Bajo interrogatorio, la mujer admitió que había otros seis cadáveres y dijo a los investigadores que se encontraban en bolsas de plástico en el garaje de su casa, donde fueron hallados.
La mujer será sometida a exámenes siquiátricos, dijo el fiscal. El marido quedó en libertad y no ha sido acusado, aunque sigue bajo control judicial.
El hombre dijo no haber sabido nada sobre los embarazos de su mujer, que al parecer podía ocultarlo porque es voluminosa. Poco antes, Vaillant anticipó que el marido podría ser acusado de no reportar un crimen y ocultamiento de cadáveres.
Zoom
Historia macabra
Ocho velas encendidas se consumen en un altar improvisado delante de la casa de este pueblo del norte francés, cada una por cada recién nacido sofocado por su madre a sólo horas de haber dado a luz, una macabra historia que horroriza a los habitantes de la localidad. Villers-au-Tertre es un pueblo en el que "nunca pasa nada", reconoce el alcalde, Patrick Mercier. Pero el jueves, la vida de este pueblo cambió por completo al enterarse de este hecho.
domingo, 1 de agosto de 2010
La familia cuestionada
¿?
¿Desde cuando un grupo de personas puede declarar que es verdad lo que ellos piensan y mentira lo que fue siempre?
¿Acaso la realidad ya no vale?
¿Ahora es real lo que le parece a cada uno? ¿Real para todos?
¿Desde cuando un grupo de personas puede declarar que es verdad lo que ellos piensan y mentira lo que fue siempre?
¿Acaso la realidad ya no vale?
¿Ahora es real lo que le parece a cada uno? ¿Real para todos?
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